Durante el último trimestre
del año pasado el Foro Económico Mundial publicó su acostumbrado reporte de
competitividad global que muestra a través de 12 pilares el conjunto de
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de
un país. Estos pilares o variables que miden la competitividad son:
instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación
primaria, educación superior, eficiencia de mercado, eficiencia del mercado
laboral, desarrollo del mercado financiero, adecuación tecnológica, tamaño del
mercado, sofisticación en los negocios e innovación.
Respecto al pilar
institucional el reporte establece 21 indicadores que permiten analizar la realidad
institucional de cada país. En este sentido tenemos que nuestro país sale muy
mal parado. En los indicadores de derechos de propiedad, protección de
propiedad intelectual, desvío de fondos públicos, independencia judicial,
favoritismo en decisiones de funcionarios del gobierno, manejo del gasto
público, carga de la regulación gubernamental, eficiencia del marco legal para
resolver disputas y cambiar regulaciones y confianza en los servicios
policiales nuestro país queda en el último lugar del estudio, el puesto 148. En
términos de transparencia de las políticas del gobierno ocupa el penúltimo
lugar, Haití es el único país que obtiene peor resultado que Venezuela. En los
costos del crimen y la violencia, ocupamos el puesto 146, superando solo a
Guatemala y Honduras y respecto al crimen organizado el puesto 145 solo
Honduras, El Salvador y Guatemala obtiene peores resultados que nuestro país.
Existe suficiente evidencia
empírica que demuestra la importancia de las instituciones para el desempeño de
la economía y de una democracia saludable. Sin una estructura institucional que
funcione no se puede progresar ni económica, no política ni socialmente. Los
avances que puedan lograrse se diluyen en el mediano plazo, tal como está
ocurriendo en nuestro país. No es un capricho, es un requisito para poder avanzar
y lograr ser un país de verdad, no un Estado fallido.
Las cosas que ocurren en
nuestro país desde hace mucho tiempo tienen una causa común: la debilidad
institucional. La falta de independencia del poder judicial no es algo que haya
surgido hace 15 años, el desvío de los fondos públicos tampoco. Lo preocupante
es que con el paso del tiempo en lugar de haber desaparecido estas deficiencias
han aumentado y eso actualmente en nuestro país es inocultable.
Venezuela vive un grave
problema económico de eso no hay duda pero lo que está detrás de eso es una
lamentable tragedia institucional que ha ido profundizándose en los últimos 35
años y eso como ciudadanos tiene que preocuparnos porque los cambios
institucionales son mucho más complejos de lograr que los económicos y si
queremos entender la magnitud del berenjenal en el que estamos metidos: sin un
cambio institucional profundo y real no será posible un cambio económico de
fondo. El petróleo podrá subir, los subsidios podrán seguir pero si no hay
cambios institucionales de fondo siempre estaremos sufriendo como lo hacemos
hoy.
Nuestro país vive una crisis
económica y política pero sobre todo institucional y esto incide en cada una de
las esferas de la vida nacional. Mejorar esta situación no es imposible pero
sin duda muy complejo porque para eso hace falta voluntad política y lo que
está en juego en una verdadera reforma institucional no es cualquier cosa: el
dominio de la renta petrolera que te permite dominar el poder político y todo
lo que eso implica por eso nuestra situación no es sencilla.
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