A continuación mi artículo de hoy en el diario Notitarde:
Hace pocos días, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia decidió suspender las medidas judiciales sobre inmuebles. Esto quiere decir que no se puede tomar ninguna decisión legal al respecto o lo que es lo mismo: no puede desalojar a nadie que viva alquilado en este momento, así tenga tiempo sin pagar el alquiler. Analicemos esta decisión legal (y política) desde el punto de vista económico.
Desde hace algún tiempo el mercado de alquileres está regulado de una manera bastante particular: los propietarios legalmente, no pueden aumentar el alquiler del inmueble, lo que ha generado acuerdos implícitos entre el inquilino y el propietario por “precios razonables”. Esto es lo que ocurre en el mejor de los casos porque siempre existirá un propietario que intentará subir el precio por encima de la regulación y un inquilino que se apegará a la norma para que no le “suban el alquiler”. Mi opinión es que un alto porcentaje de los alquileres en la actualidad se resuelven con un acuerdo entre las partes porque los inquilinos están dispuesto a pagar un precio un poco más elevado con respecto al año anterior debido a que si no aceptan posiblemente no consigan donde vivir y por su parte los propietarios saben que si entran en una disputa legal por desalojo los costos serán muy altos, así que a pesar de la regulación a ambas partes les conviene un acuerdo.
La razón por la cual los alquileres son tan altos en la actualidad es la “congelación” de los mismos. Los propietarios ajustan sus precios futuros al presente y así se cubren contra la inflación y la incertidumbre que genera el desconocimiento de lo que el gobierno en materia habitacional pueda decretar. Sin regulación de alquileres, estos serían con toda seguridad más bajos de lo que hoy son con la regulación.
Si adicionalmente al panorama planteado, el TSJ ordena limitar temporalmente cualquier medida judicial sobre los inmuebles, la perspectiva del mercado de alquiler de viviendas empeora porque esto quiere decir que no se podrá desalojar a nadie-con o sin razón- mientras dure la medida. Así que si usted está luchando con un inquilino que tiene meses sin pagarle, no tiene vía legal para resolver este problema en el corto plazo.
Mientras esta sea la situación, alquilar una vivienda será cada vez más difícil. Primero porque muchos propietarios no saldrán al mercado a ofrecer su(s) inmueble(s) con una condición tan adversa y segundo, porque si lo hacen será a precios elevadísimos para compensar una situación tan incierta como la actual. La pregunta clave es ¿cómo pueden esperar que no se genere una suba en los precios de los alquileres?, con estas medidas se contraerá la oferta y cada vez existirán menos propietarios dispuestos a alquilar. Mucha gente buscando para alquilar y poca gente ofreciendo, se genera un exceso de demanda y por lo tanto suben los precios.
La solución al problema de la vivienda en general pasa por un acuerdo entre el ejecutivo nacional y el sector privado para generar incentivos en la construcción de nuevas soluciones habitacionales y en el alquiler de las mismas. El mercado de alquiler se contraerá de una manera importante y eso agudizará la situación de las familias que no poseen vivienda propia de una manera bastante particular: ahora, aparte de no poseer vivienda propia, difícilmente podrán alquilar una a pesar de tener la disposición para ello. Sin duda esa es una peor situación que no tener casa propia y vivir alquilado. La regulación en el mercado de alquiler de viviendas es un buen ejemplo para explicar "consecuencias no intencionales", es decir, de como una norma mal diseñada genera efectos no deseados en su aplicación. Todo indica que la Superintendencia de Costos y Precios comenzó a funcionar sin estar creada, la situación del mercado inmobiliario así lo demuestra.
Desde hace algún tiempo el mercado de alquileres está regulado de una manera bastante particular: los propietarios legalmente, no pueden aumentar el alquiler del inmueble, lo que ha generado acuerdos implícitos entre el inquilino y el propietario por “precios razonables”. Esto es lo que ocurre en el mejor de los casos porque siempre existirá un propietario que intentará subir el precio por encima de la regulación y un inquilino que se apegará a la norma para que no le “suban el alquiler”. Mi opinión es que un alto porcentaje de los alquileres en la actualidad se resuelven con un acuerdo entre las partes porque los inquilinos están dispuesto a pagar un precio un poco más elevado con respecto al año anterior debido a que si no aceptan posiblemente no consigan donde vivir y por su parte los propietarios saben que si entran en una disputa legal por desalojo los costos serán muy altos, así que a pesar de la regulación a ambas partes les conviene un acuerdo.
La razón por la cual los alquileres son tan altos en la actualidad es la “congelación” de los mismos. Los propietarios ajustan sus precios futuros al presente y así se cubren contra la inflación y la incertidumbre que genera el desconocimiento de lo que el gobierno en materia habitacional pueda decretar. Sin regulación de alquileres, estos serían con toda seguridad más bajos de lo que hoy son con la regulación.
Si adicionalmente al panorama planteado, el TSJ ordena limitar temporalmente cualquier medida judicial sobre los inmuebles, la perspectiva del mercado de alquiler de viviendas empeora porque esto quiere decir que no se podrá desalojar a nadie-con o sin razón- mientras dure la medida. Así que si usted está luchando con un inquilino que tiene meses sin pagarle, no tiene vía legal para resolver este problema en el corto plazo.
Mientras esta sea la situación, alquilar una vivienda será cada vez más difícil. Primero porque muchos propietarios no saldrán al mercado a ofrecer su(s) inmueble(s) con una condición tan adversa y segundo, porque si lo hacen será a precios elevadísimos para compensar una situación tan incierta como la actual. La pregunta clave es ¿cómo pueden esperar que no se genere una suba en los precios de los alquileres?, con estas medidas se contraerá la oferta y cada vez existirán menos propietarios dispuestos a alquilar. Mucha gente buscando para alquilar y poca gente ofreciendo, se genera un exceso de demanda y por lo tanto suben los precios.
La solución al problema de la vivienda en general pasa por un acuerdo entre el ejecutivo nacional y el sector privado para generar incentivos en la construcción de nuevas soluciones habitacionales y en el alquiler de las mismas. El mercado de alquiler se contraerá de una manera importante y eso agudizará la situación de las familias que no poseen vivienda propia de una manera bastante particular: ahora, aparte de no poseer vivienda propia, difícilmente podrán alquilar una a pesar de tener la disposición para ello. Sin duda esa es una peor situación que no tener casa propia y vivir alquilado. La regulación en el mercado de alquiler de viviendas es un buen ejemplo para explicar "consecuencias no intencionales", es decir, de como una norma mal diseñada genera efectos no deseados en su aplicación. Todo indica que la Superintendencia de Costos y Precios comenzó a funcionar sin estar creada, la situación del mercado inmobiliario así lo demuestra.
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